Los once delitos electorales que contempla la Ley colombiana

Créditos: Banca & Negocios

     La Legislación Penal Colombiana considera el sistema democrático y las elecciones como un bien jurídico protegido. Por ello estipula en el propio Código Penal varios delitos para aquellas acciones que supongan un ataque al sistema electoral y democrático. Los delitos pueden agruparse según el tipo de actividades que conlleven.

Listado de delitos electorales:

1- Perturbación del Certamen Democrático:

     En el caso de que un ciudadano, a través de engaño, impida o perturbe la votación pública, el escrutinio o la realización de escrutinio abierto, estará cometiendo este delito cuya pena oscila entre los 4 y los 9 años de prisión.

     Los siguientes tres delitos suponen la ejecución de actividades para procurar modificar el voto o la actitud ante las elecciones del sufragante:

2- Constreñimiento al sufragante:

     Ocurre cuando se usan armas o amenazas por cualquier medio para obtener el voto o se impida a la víctima ejercer libremente su derecho al sufragio. La pena es entre 4 y 9 años de prisión.

3- Fraude al sufragante:

     Acaece cuando a través de engaño se logra que el ciudadano vote a un candidato, partido, lista o vote en blanco. La sanción será de 4 a 8 años de prisión.

4- Corrupción al sufragante:

     Delito cometido por quien prometa, pague o entregue dinero o dádiva al sufragante para que vote por una opción determinada. La pena será prisión entre 48 y 90 meses.

     El quinto delito supone la suplantación del sufragante.

5- Voto fraudulento:

     Lo comete quien suplante a un ciudadano y emita más de un voto o lo emita sin derecho en elección, plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato. La pena se establece entre 4 y 8 años de prisión.

     El resto de delitos son específicos de funcionarios públicos o bien difícilmente pueden llevarse a cabo sin una colaboración por parte de éstos.

6- Favorecimiento al voto fraudulento:

     Lo comete el servidor público que permita la suplantación de un votante, o que vote más de una vez, o sin derecho a hacerlo. Incurre en prisión de 4 a 8 años.

7- Mora en la entrega de documentos relacionados con una elección:

     También lo comete el servidor público, en este caso si no hace entrega a la autoridad competente del registro electoral de los sellos de una urna o de arca triclave. La pena es de 16 a 54 meses de prisión.

8- Alteración de resultados electorales:

     Siempre que un ciudadano que no incurra en los delitos precedentes, altere el resultado de una votación o introduce documentos o tarjetones indebidamente, podrá ser condenado a entre 4 y 8 años de prisión salvo que sus actos conlleven pena mayor.

9- Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula:

     Quien haga desaparecer o retenga una cédula de ciudadanía ajena o cualquier documento necesario para ejercer el voto, incurrirá en pena de 4 a 8 años de prisión.

10- Denegación de inscripción:

     Lo comete el servidor público que no cumpla con su función legal de inscribir al candidato o lista de ellos en las elecciones populares, o bien dilate o entorpezca esta inscripción. La pena es de 16 a 54 meses de prisión.

11- Fraude en la inscripción de cédulas:

     También llamado como trashumancia o trasteo de votos, se da cuando indebidamente se desplaza a ciudadanos que han de votar en un lugar a otro distinto al que residen para obtener ventaja ilegítima. Conlleva pena de 4 a 9 años de prisión.

Actuaciones sancionables adicionales.

Participación en política:

      Consiste en que un servidor público con jurisdicción o cargo influyente en órganos implicados en el correcto desarrollo del proceso electoral, utilice su puesto para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato.

     No supone delito pero puede acarrear multa o pérdida del empleo público.

Falsedad documental:

      Consiste en la falsificación de documento público con carácter probatorio. Sí es un delito y está penado con entre 3 y 6 años de prisión.

Vías para denunciar estos delitos y otros adicionales.

      Cualquier ciudadano puede denunciar las actividades constitutivas de estos delitos ante la Fiscalía General de la Nación o la Procuraduría en el caso de que puedan estar implicados servidores públicos.

      Además, si los hechos afectan a recursos del Estado, también habrá que denunciarlo ante la Contraloría.

      Los delitos electorales pueden afectar el buen curso de as elecciones y transgredir así el legítimo derecho de los colombianos de elegir a sus representantes.

      Es por ello que se debe ser vigilantes activos del buen discurrir de dicho proceso, para asegurar unas elecciones transparentes y verdaderamente fieles a la voluntad del pueblo.